Sobre lo que funciona

Proteger a las comunidades que viven junto a los pueblos aislados es la estrategia más eficaz.

Según la experiencia de la Coalición SIRGE, la mejor estrategia de protección para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial es aquella que centra la protección legal de sus territorios y recursos naturales y la implementación de esos marcos legales, al mismo tiempo que se protege legalmente los territorios y recursos de las comunidades indígenas circundantes. Aseguran que existe amplia evidencia de que las estrategias de protección del territorio de los pueblos indígenas son eficaces, por lo que estas estrategias deben ser apoyadas y complementadas por la acción de otros actores importantes como organizaciones no gubernamentales, siempre con el liderazgo de las comunidades indígenas.

La cuestión fundamental, tal como la plantea Bryan, es cómo apoyar la capacidad de las  comunidades indígenas que viven en la periferia para ejercer su derecho a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado. Esto requiere fortalecer no solo la capacidad de monitoreo técnico y mapeo, sino también las estructuras de gobernanza representativas: las instituciones organizadas y autodeterminadas a través de las cuales las comunidades pueden actuar en la práctica.

En la intersección de la agenda climática y los derechos de los PIACI

Los marcos de referencia sobre el clima y la biodiversidad constituyen un punto de partida sólido para garantizar una protección duradera para los PIACI.

Bryan ve una conexión directa entre los derechos de los PIACI y los marcos más amplios sobre clima y biodiversidad. Estos temas son transversales por naturaleza: los minerales que impulsan la transición verde se extraen de territorios donde viven poblaciones aisladas, en Indonesia y en toda la Amazonía. Mantener estos debates separados genera políticas más débiles en todos los ámbitos.

En la COP30, por primera vez en la historia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial fueron reconocidos explícitamente dentro del marco de la transición justa. Este logro se basó en estudios de caso que dejaron claro que una transición justa no puede serlo si se fundamenta en el despojo de los pueblos aislados. “Vivimos en un mundo globalizado”, señala Bryan. “Las empresas están globalizadas, las inversiones están globalizadas. El nivel de responsabilidad también es global”.

Sobre la defensa adaptativa

La vulnerabilidad de las empresas ante el escrutinio público es una herramienta de protección, y el sector privado es ahora más accesible que nunca.

Una vertiente distintiva del trabajo de la Coalición SIRGE implica la interacción directa con los fabricantes de vehículos eléctricos y las instituciones financieras que los respaldan. El consentimiento libre, previo e informado, que es el estándar más comúnmente aplicado a los derechos indígenas, no es suficiente para los pueblos aislados, quienes no pueden dar ni negar su consentimiento mediante ningún proceso basado en el contacto. Lo que la Coalición SIRGE exige, en cambio, es la exclusión explícita. “Sus políticas deben ser muy claras al no comprar ni incluir en su cadena de valor a empresas que, de alguna manera, verificable o no, impacten los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial”, afirma Bryan.

Bryan asegura que las oportunidades para este tipo de activismo están creciendo. Las empresas privadas están más expuestas que nunca al escrutinio público y de los consumidores, una vulnerabilidad que los movimientos indígenas pueden aprovechar. Los bancos multilaterales y las instituciones financieras de desarrollo se encuentran entre los principales impulsores de las inversiones que amenazan a los pueblos aislados y entre los principales destinatarios de la rendición de cuentas.

Sobre la consolidación de los PIACI como una categoría global

La categoría global aún se encuentra en sus primeras etapas, y cerrar la brecha de conocimiento es la tarea más urgente.

Consolidar la categoría PIACI como una categoría global reconocida es un proyecto a largo plazo. El conocimiento sobre los derechos de los pueblos indígenas ya es limitado, y el conocimiento sobre la situación específica de quienes se encuentran en aislamiento voluntario es aún menor. Según Bryan, se necesita un instrumento internacional formal, como una resolución específica de la ONU, que otorgue a la categoría la legitimidad necesaria para trascender jurisdicciones y marcos normativos. La COP30 fue un paso importante, pero aún queda mucho trabajo por hacer.

Sobre la creación de alianzas efectivas

La reunión internacional en Indonesia fue un comienzo, pero mantener esas conexiones requiere recursos de los que el movimiento aún no dispone.

La Coalición SIRGE desempeñó un papel fundamental en la organización de un encuentro internacional que reunió a organizaciones indígenas y de la sociedad civil de Sudamérica e Indonesia para intercambiar conocimientos, fortalecer la solidaridad y dar visibilidad a diversos casos, especialmente al de los O'Hongana Manyawa, cuyo territorio en Halmahera se superpone con al menos 19 concesiones mineras, en su mayoría de níquel, en un país que no reconoce formalmente los derechos de los pueblos indígenas. El encuentro surgió del reconocimiento de que ya se estaba realizando un trabajo importante en ambas regiones, pero que las barreras lingüísticas y geográficas habían mantenido estos esfuerzos prácticamente aislados. La declaración resultante proporcionó una plataforma inicial para visibilizar casos que la defensa de los derechos indígenas por sí sola no puede abordar.

Según Bryan, las organizaciones de Sudamérica e Indonesia se enfrentan a amenazas similares y tienen mucho que aprender de la experiencia mutua. Sin embargo, para mantener esas conexiones se requiere incrementar la comunicación, materiales y recursos de los que carecen actualmente las organizaciones de base.

En el panorama de la financiación

La financiación más eficaz es aquella que no impone restricciones, está liderada por la comunidad y está orientada a la gobernanza, no solo a los proyectos.

La protección requiere financiación que responda a las prioridades de la propia comunidad, en lugar de a las categorías de proyectos definidas por los donantes. Los recursos invertidos principalmente en ciencia o en iniciativas con plazos definidos no permiten desarrollar la capacidad de gobernanza duradera que exige la protección sostenida. “Financiar las prioridades de los pueblos indígenas”, afirma Bryan, “es una de las soluciones más eficaces para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, pero también para garantizar los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial”.