Sobre metodología

La decisión de establecer contacto siempre debe provenir de los propios pueblos aislados, nunca de fuera.

El principio fundamental que sustenta todo el trabajo de Patricia es el de no contacto. Los pueblos aislados o estado natural, en el marco de su derecho a la autodeterminación, han optado por permanecer apartados y muchos de ellos en sus territorios de origen, y toda acción que se emprenda en sus territorios o en sus alrededores debe basarse en el respeto a dicha decisión. Esto requiere la protección activa de los territorios donde viven estos pueblos, garantizando que agentes externos no puedan forzar el contacto, como ha ocurrido en otros casos. En el caso de los Yurí-Passé, las autoridades tradicionales de las comunidades colindantes han sido quienes han mantenido el cuidado y la protección utilizando sus sistemas de conocimiento cultural y sus relaciones para frenar cualquier acción y retrasar el contacto y mantener alejados a los actores externos. El «no contacto» en la práctica no es una ausencia de acción, sino un esfuerzo sostenido y organizado para garantizar que se proteja el derecho a la autodeterminación de permanecer aislados o en estado natural.

La protección cultural, jurídica y política están interconectadas.

El marco conceptual de Patricia, la protección de los pueblos aislamiento o estado natural se basa en tres pilares interconectados: la protección cultural liderada por las autoridades tradicionales y las comunidades colindantes, la defensa legal de derechos exigibles y la organización política que lleva esos derechos a los espacios de toma de decisiones a nivel regional y global para reforzar su protección. Ninguno de estos pilares funciona de forma aislada. El reconocimiento legal y la defensa política a nivel regional y global son los que otorgan a la protección cultural su alcance y perdurabilidad.

Sobre lo que funciona

La labor de promoción constante en foros y espacios internacionales está dando resultados concretos y sentando las bases para lograr más.

Dos años de participación e incidencia sostenida de la OPIAC en marcos internacionales sobre clima y biodiversidad han producido resultados que eran inimaginables hace unos años. En el marco del Órgano Subsidiario del Artículo 8(j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, se incorporó por primera vez la protección de los Pueblos Indígenas. En la COP30, se incluyó en el Programa de Trabajo para una Transición Justa. En el marco del Mecanismo Amazónico para los Pueblos Indígenas (MAPI), se creó un nuevo grupo de trabajo para coordinar la acción regional en toda la cuenca amazónica. Y por primera vez, los propios Pueblos Indígenas, en lugar de universidades o investigadores externos, elaborarán un informe con recomendaciones  que se presentará a los Estados Partes, abarcando los avances regulatorios, la situación de los PIACI y las acciones necesarias para su protección. Patricia ve la COP17 y la COP31, que tienen lugar este año, como oportunidades para asegurar el reconocimiento de las contribuciones de los Pueblos Indígenas a los objetivos globales de biodiversidad. "Quiero creer que estamos cerca", dice, "pero los procesos con impactos significativos a veces llevan mucho tiempo, quizás cuando se materialicen ya no esté viva".

Fortalecer la gobernanza de las comunidades colindantes  es la acción y estrategia  más directa disponible.

Patricia afirma que la base de cualquier estrategia de protección eficaz reside en la capacidad de las comunidades indígenas colindantes para monitorear, supervisar y proteger los territorios de los PIACI desde una perspectiva cultural, política y legal. La creación de espacios de coordinación a nivel territorial, donde las comunidades puedan reunirse, desarrollar estrategias locales y construir un frente común, es donde el impacto es más directo y duradero. Fortalecer esa capacidad también requiere invertir en la capacitación de líderes indígenas para que las comunidades puedan desenvolverse en los sistemas legales y políticos que rigen sus derechos. Considera que la financiación directa a las comunidades para estas estructuras de gobernanza es fundamental para los beneficios que pueden aportar los marcos de protección del clima y la biodiversidad.

Sobre las barreras

El contacto con los Yurí-Passé es inminente y el gobierno nacional no está preparado.

Patricia expresa su preocupación por los Yurí-Passé, pueblos aislados o estado natural de la Amazonía colombiana, cuyos territorios están amenazados por la minería ilegal y otras actividades extractivas. “Las autoridades tradicionales resisten”, afirma, “pero no creo que su fuerza se agote, y no será suficiente para soportar toda la presión sobre sus territorios”. En opinión de Patricia, el contacto es inminente y el gobierno nacional no está preparado. Si bien el marco legal e institucional que Colombia ha construido y está más desarrollado que el de la mayoría de los países, no se ha traducido en acciones concretas para prevenir el contacto.

La formación de líderes indígenas para la defensa de sus derechos es desigual en toda la región, lo que limita las posibilidades.

Patricia comprende que el marco tripartito en el que trabaja —cultural, legal y político— no está disponible por igual en todas partes. En Colombia, pude asistir a la universidad, comprender el funcionamiento del Estado y desenvolverse en los sistemas políticos y legales que configuran los derechos indígenas. Esa formación hizo posible su labor de defensa. En muchas otras regiones, el acceso a este tipo de desarrollo de liderazgo es escaso o inexistente, y sin él, los líderes indígenas no pueden participar eficazmente en los foros y espacios internacionales donde se toman decisiones sobre sus territorios.

En la intersección del clima y los derechos de los PIACI

Los gobiernos afirman proteger la Amazonía mientras planifican una transición justa utilizando recursos de territorios indígenas.

Patricia señala que los gobiernos nacionales de la cuenca amazónica se presentan como protectores del bosque —participando en foros climáticos, recibiendo financiación y asumiendo compromisos— mientras que la minería, tanto legal como ilegal, invade los territorios de los Pueblos Indígenas. La “transición justa”, presentada como solución climática, se está planificando utilizando recursos de los territorios indígenas de la cuenca amazónica. Patricia insiste en que los territorios de los Pueblos Indígenas de la cuenca amazónica deben quedar excluidos de cualquier actividad de combustibles fósiles y minería en el marco de la transición, y que los pueblos deben tener derecho a la autodeterminación, a mantener sus sistema de conocimiento y gobernanza en sus territorios.

Sobre la consolidación de la categoría PIACI como una categoría global

La categoría global se está construyendo, pero requiere que las voces indígenas estén en el centro del proceso.

Patricia observa un impulso real hacia la consolidación de la categoría PIACI como una categoría global, impulsado por la defensa constante de los Pueblos Indígenas en foros y espacios internacionales. Sin embargo, este enfoque no puede presuponer condiciones uniformes en todos los países. Algunos Estados no reconocen a los pueblos aislados, otros no los reconocen en absoluto, y la infraestructura jurídica y política que permite el funcionamiento del marco colombiano no existe en todas partes. En su opinión, el papel de GTI-PIACI es facilitar el diálogo y apoyar a los líderes indígenas para que puedan influir directamente en estos procesos. Un paso importante a seguir es asegurar que el informe que está elaborando el grupo de trabajo del MAPI —el primero de su tipo redactado por Pueblos Indígenas— llegue a los ocho países de la cuenca amazónica y genere recomendaciones prácticas de los más afectados.