Sobre metodología

Localizar y confirmar la existencia de pueblos indígenas en aislamiento que no han tenido contacto previo requiere una combinación de imágenes satelitales, entrevistas con la comunidad y sobrevuelos, y cada herramienta tiene sus limitaciones.

Germán describe una metodología basada en tres pilares: entrevistas con comunidades que viven cerca de los territorios de grupos en aislamiento, análisis de imágenes satelitales y sobrevuelos. Las entrevistas sistematizan la evidencia de presencia (avistamientos, sonidos, objetos) y la registran a lo largo del tiempo. Las imágenes satelitales de alta resolución permiten al equipo identificar viviendas comunales y cultivos asociados desde el aire sin perturbar a las comunidades. Esta metodología, señala, no es universalmente aplicable. El enfoque funciona mejor en ausencia de cobertura arbórea y cuando el tamaño de las estructuras comunales permite que la presencia sea visible desde el espacio. En este contexto, la ausencia de cobertura arbórea no corresponde necesariamente a procesos de deforestación extensiva, sino a los claros generados por los pueblos indígenas en aislamiento para la construcción de viviendas, malocas, áreas de uso doméstico y pequeñas zonas de cultivo destinadas a la subsistencia, los cuales crean aperturas en el dosel que pueden ser identificadas mediante imágenes satelitales de alta resolución.

Sobre lo que funciona

La defensa basada en la evidencia puede influir en las políticas cuando se construye desde la base con las comunidades locales.

El logro más significativo que describe Germán es la creación de una zona intangible en el Parque Nacional Natural Río Puré y las reservas indígenas circundantes: casi un millón de hectáreas destinadas a la protección de grupos en aislamiento. Este logro fue posible gracias a años de monitoreo sistemático. Las imágenes satelitales que mostraban la presencia y continuidad de los asentamientos aislados brindaron a los responsables de la toma de decisiones información concreta para actuar. "Ver para creer", afirma. "Las imágenes no perturban a las comunidades en aislamiento, pero nos permiten mostrar a quienes toman las decisiones que existen".

El Decreto 1232 de 2018, que estableció tres categorías de reconocimiento para los grupos no contactados y culminó con el reconocimiento estatal de zonas intangibles y de amortiguamiento, tuvo su origen en el trabajo de campo realizado con comunidades vecinas. A través de procesos de fortalecimiento de capacidades apoyados por ACT y otras organizaciones aliadas, las comunidades vecinas desarrollaron habilidades en lectura de cartografía, uso de GPS y recolección de datos, y ahora patrullan las rutas de acceso a estos territorios y negocian acuerdos de gestión con quienes intentan ingresar. Un avance reciente que fortalece significativamente este marco de gobernanza fue el reconocimiento, mediante decreto gubernamental expedido en diciembre de 2025, de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) de la Amazonía colombiana. Esta figura consolida a las autoridades indígenas como entidades de gobierno territorial con competencias propias y acceso directo a recursos públicos y mecanismos de coordinación con el gobierno nacional, reduciendo la intermediación de los gobiernos departamentales. Más allá de mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, las ETI representan un paso histórico hacia el ejercicio efectivo de la autonomía, el autogobierno y la gestión territorial indígena, permitiendo que las decisiones sobre el uso, manejo y protección de los territorios ancestrales sean adoptadas por las propias autoridades indígenas de acuerdo con sus sistemas de conocimiento y formas de gobernanza.

Sobre las barreras

La minería ilegal avanza más rápido de lo que pueden responder las medidas de protección.

La amenaza más urgente que describe Germán es la minería ilegal que ingresa desde el lado brasileño de la frontera. Lo que comenzó a pequeña escala se ha convertido en una extracción a escala industrial: embarcaciones de 30 metros que extraen minerales de los lechos de los ríos y deforestan las riberas, dejando paisajes lunares y una grave contaminación por mercurio. Desde 2019 hasta la fecha, se han deforestado más de 3.500 hectáreas solo en el lado brasileño del río Puré, y la deforestación se acelera en el lado colombiano. Germán observó que la misma dinámica se está desarrollando en Indonesia, donde la minería legal de níquel está desplazando a las comunidades indígenas, contaminando las fuentes de agua y destruyendo la cubierta forestal a una escala que él describe como impactante. En ambos contextos, la velocidad y la magnitud de la extracción superan la capacidad de respuesta de la sociedad civil y las organizaciones indígenas.

En la intersección del clima y los derechos de los PIACI

Las soluciones climáticas que impulsan la demanda de minerales están creando nuevas amenazas para los PIACI, y pocas personas se preguntan de dónde provienen los materiales.

Germán establece una conexión directa entre la transición energética y la creciente amenaza a los territorios de los PIACI. El impulso global hacia los vehículos eléctricos está alimentando la demanda de níquel y otros minerales, y esa demanda está impulsando la minería, tanto legal como ilegal, que está destruyendo los territorios de comunidades en aislamiento en Colombia, Indonesia y otros países. Para Germán, la solución no es abandonar la transición energética, sino garantizar que los consumidores, las empresas y los gobiernos pregunten sobre el origen de los materiales y que las cadenas de suministro cuenten con certificaciones que aseguren que los materiales se obtienen sin dañar los territorios de los PIACI.

Sobre la consolidación de los PIACI como una categoría global

El reconocimiento de los PIACI debe comenzar con el reconocimiento oficial de su existencia por parte de los gobiernos.

Para Germán, un gran obstáculo para consolidar a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI) como categoría global no es legal ni político, sino educativo: la gente simplemente no comprende que existen pueblos aislados, y mucho menos que tienen derechos que deben protegerse. La reunión en Indonesia ilustró lo mucho que queda por hacer. Indonesia no cuenta con la infraestructura institucional que existe en América Latina: no hay organizaciones que trabajen directamente por la protección de los PIACI, ni mapas territoriales georreferenciados, y su gobierno tiene poca tolerancia a la disidencia. La lección más aplicable de la experiencia de ACT no es la metodología específica, sino el principio: comenzar en el territorio, trabajar con las comunidades vecinas y construir la base de evidencia que los responsables de la toma de decisiones necesitan para actuar.