En cuanto a lo que funciona

La vigilancia sistemática es la contribución más poderosa de la sociedad civil cuando la protección estatal es débil o está amenazada.

Opi construyó un sistema estructurado y consistente para monitorear las amenazas judiciales y administrativas a los territorios PIACI casi en tiempo real. El resultado fue un conjunto de expedientes e informes técnicos que permitieron a fiscales, periodistas y al Tribunal Supremo Federal actuar, y cinco tierras indígenas que el Gobierno había señalado para su reducción fueron protegidas. Fabio afirma que el éxito del proyecto no se debe al tamaño de la organización, sino a la consistencia de su producción técnica y la rapidez con la que cumple con los plazos judiciales. "Tener esta capacidad de monitorear y cumplir con los plazos dentro de un proceso judicial es una gran ventaja", dice, "porque nos permite lograr este impacto a largo plazo". Desde entonces, Opi ha ampliado este modelo, manteniendo una plataforma de información geográfica que rastrea las amenazas y presiones sobre las tierras donde viven las comunidades PIACI, apoyando los procesos de regularización de tierras y el fortalecimiento institucional de las organizaciones indígenas que trabajan en este tema.

Las organizaciones en red obtienen mejores resultados que los que cualquier organización podría lograr por sí sola.

Cada proyecto emprendido por Opi se lleva a cabo en colaboración con universidades, organizaciones indígenas, otras ONG, grupos de trabajo y coaliciones. Según Fabio, las organizaciones que compiten por visibilidad y financiación desperdician recursos y fragmentan su ámbito de acción. Las organizaciones que construyen redes pueden abarcar más terreno, responder con mayor rapidez y presentar a los financiadores propuestas más convincentes que las ambiciones institucionales individuales. “Las organizaciones no necesitan competir entre sí”, afirma. En cambio, Opi se centra en “fortalecer el movimiento de redes”. Fabio considera que este modelo de red es una de las lecciones más transferibles del contexto brasileño, aunque señala que requiere cultura institucional, no solo buena voluntad: las organizaciones deben ser capaces de evaluar honestamente sus propias limitaciones y distribuir el trabajo en consecuencia.

En cuanto a las barreras

La capacidad del Estado para proteger a las comunidades PIACI es estructuralmente insuficiente, y el papel de la sociedad civil como organismo de control aún no está plenamente institucionalizado.

El número de grupos aislados y no contactados registrados en Brasil, distribuidos en un vasto territorio, supera la capacidad de los pequeños equipos encargados de su protección. Fabio lo define principalmente como un problema estructural: la magnitud de la tarea simplemente excede la capacidad de la institución encargada de llevarla a cabo. La sociedad civil y el movimiento indígena deben ser reconocidos como partes esenciales del sistema en general; sin embargo, incluso los gobiernos que brindan apoyo a menudo consideran sus actividades de monitoreo como una injerencia, y no como un valioso complemento a sus propios esfuerzos.

La inestabilidad de la financiación de la sociedad civil deja importantes lagunas en materia de protección.

Para Opi, la principal barrera práctica es la inestabilidad de la financiación. Nadie en el observatorio tiene un contrato laboral formal ni seguro médico. Existen regiones de la Amazonía donde se sabe que viven pueblos aislados y no contactados, pero donde Opi actualmente no puede mantener una presencia de monitoreo. La discrepancia entre lo que la organización puede rastrear y lo que sabe que existe es consecuencia directa de la falta de recursos.

En la intersección del clima y los derechos, PIAC

Las políticas de conservación y las políticas para los pueblos indígenas no pueden separarse, pero actualmente a menudo se separan.

Fabio describe una tensión activa y sin resolver en Brasil entre los derechos territoriales de las comunidades PIACI y los marcos de conservación, como los corredores de biodiversidad, las reservas extractivas y los parques estatales. En al menos tres casos que conoce, se crearon unidades de conservación sin considerar la presencia confirmada o probable de pueblos aislados, y cuando esta presencia se confirmó posteriormente, surgieron reclamaciones legales contrapuestas que aún no se han resuelto por completo. El desafío más amplio es que ni la política ambiental ni la política indígena, operando de forma aislada, tienen la capacidad de crear un corredor cerrado o gestionar eficazmente un área compartida. El diálogo entre ambas es esencial y aún no se produce de forma sistemática.

Sobre la creación de alianzas efectivas

Las grandes reuniones crean conexiones, pero son los intercambios bilaterales, más pequeños y a largo plazo, los que las mantienen.

Fabio participó en la reunión en Indonesia y se marchó con una visión clara tanto de su valor como de sus limitaciones. La reunión congregó a personas que realizan un trabajo similar en contextos muy diferentes, y las conexiones allí establecidas ya han generado actividades de seguimiento concretas. Sin embargo, una reunión de esta magnitud no puede, por sí sola, construir el tipo de infraestructura interregional sostenible que la zona necesita. Lo que él denomina «conexiones parciales» —intercambios bilaterales más pequeños a nivel local— son los que realmente construyen la región con el tiempo.

En cuanto a la consolidación de PIACI como categoría global.

Esta categoría resulta útil como herramienta legal, incluso cuando no se ajusta perfectamente.

Aplicar el marco PIACI fuera de Sudamérica resulta difícil porque las categorías no se ajustan perfectamente a grupos de países con historias coloniales distintas, relaciones diferentes entre los pueblos indígenas y el Estado, y sin territorios indígenas reconocidos. Fabio observó la dificultad que enfrentan sus colegas en Indonesia para aplicar la misma definición utilizada en Sudamérica. Sin embargo, también percibió el reconocimiento de que incluso una categoría jurídica internacional imperfecta es valiosa porque crea un marco a través del cual las poblaciones vulnerables pueden buscar protección.