Sobre metodología

No se puede proteger a los PIACI sin antes comprender y apoyar a las comunidades que viven junto a ellos.

Para Adamo, la protección efectiva de los PIACI comienza con las comunidades que viven a su alrededor. Estas comunidades vecinas tienen un conocimiento diario del territorio que ningún profesional u organización externa puede replicar. Esta comprensión da forma al enfoque de la CITRMD. La organización trabaja en tres niveles interconectados: el nivel territorial, donde los miembros de la comunidad son la fuente insustituible de conocimiento de primera mano; el nivel regional, donde la CITRMD aboga por los derechos de las comunidades PIACI dentro de Bolivia y a través de las fronteras con organizaciones vecinas en Perú y Brasil; y el nivel regional, a través de la participación en el GTI-PIACI.

Sobre lo que funciona

Lograr el reconocimiento legal lleva décadas, pero cada etapa sienta las bases para la siguiente.

El camino de Bolivia hacia el reconocimiento de los derechos de los  indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) ha sido lento, gradual y arduo. Entre 2006 y 2010, el movimiento indígena boliviano logró incorporar el Artículo 31 a la Constitución, que estableció el derecho al no contacto, los derechos territoriales y la protección jurídica para los PIACI. La Ley 450, aprobada posteriormente, abordó los derechos específicos de los pueblos altamente vulnerables.

Estos fueron logros significativos que requirieron un esfuerzo sostenido de organizaciones de base, ONG y movimientos indígenas. Sin embargo, durante años, el reconocimiento existió solo en el papel. El punto de inflexión se produjo en 2015, cuando la compañía petrolera estatal (YPFB) que realizaba exploración sísmica en el territorio Tacana II se topó con los PIACI en el terreno. CITRMD estaba bien posicionada para responder, presionando al gobierno nacional para que tomara medidas preventivas e impulsando el proceso de reconocimiento formal. Dicho proceso culminó en 2025, cuando finalmente se otorgó la reivindicación territorial al pueblo Tacana II. Pero Adamo deja claro que este hito es solo el comienzo.

Sobre las barreras

El reconocimiento territorial no es solo un desafío legal: es un desafío político.

Bolivia presenta una versión particularmente aguda de un desafío que existe en toda la región: la cuestión de quién tiene derechos sobre la tierra y el territorio cuando las comunidades PIACI son reconocidas en un sistema ya sobrecargado. Según Adamo, el 90% de la tierra distribuible en Bolivia ya está en manos de alguien, y existen más de nueve pueblos indígenas en aislamiento y/o contacto inicial en el país cuyos derechos territoriales siguen sin resolverse. El reconocimiento de esos derechos inevitablemente genera conflictos con los propietarios de tierras existentes, las industrias extractivas y las políticas estatales orientadas al desarrollo económico. "Ya no basta con identificar a un pueblo en aislamiento o delimitar un territorio", afirma. "Las comunidades que ahora tienen representación legal ante el Estado boliviano pueden reclamar sus derechos, pero no se les escucha".

A esto se suma el desafío de la visibilidad: una parte importante de la población nacional desconoce por completo la existencia de comunidades en aislamiento. Crear conciencia entre la población urbana y las instituciones estatales es tan importante como establecer marcos legales, y ninguno de los dos procesos se logra rápidamente.

En la intersección del clima y los derechos de los PIACI

Vincular los derechos de los PIACI con la agenda climática y la de la conservación abre conversaciones necesarias pero difíciles.

Adamo considera que la conexión entre los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) y las agendas climáticas y de conservación es real e importante. Proteger los territorios de los PIACI contribuye directamente a la conservación de la Amazonía y a la mitigación del cambio climático. Sin embargo, incorporar los derechos territoriales de las comunidades PIACI a los debates sobre el clima o la conservación no simplifica el desafío político, sino que añade otra dimensión a un debate ya de por sí complejo sobre la tenencia de la tierra, el acceso a los recursos y las prioridades estatales. “Responder a esta pregunta contribuye a modificar las políticas de cualquier estado o país de este continente, y este cambio positivo podría salvaguardar la vida urbana frente al cambio climático”, afirma. “Pero nada será fácil”.

Sobre la consolidación de los PIACI como una categoría global

La experiencia es transferible, pero debe adaptarse, no trasplantarse.

Adamo considera valioso compartir la experiencia de Bolivia con sus homólogos en otras regiones, en particular el largo proceso de obtención del reconocimiento constitucional y legal para los PIACI. Sin embargo, se muestra cauto de no sobrestimar la aplicabilidad directa de dicha experiencia. Los contextos culturales, políticos y geográficos son lo suficientemente diferentes como para que las lecciones deban adaptarse en lugar de importarse sin más. “En Asia, las culturas y su forma de apreciar las cosas pueden ser diferentes”, afirma. “Todo eso debe abordarse sobre el terreno”.

En el panorama del financiamiento

El fortalecimiento de las organizaciones de base es la próxima prioridad.

Contar con el reconocimiento territorial formal es un hito, pero no garantiza automáticamente la protección. Lo que se necesita ahora es fortalecer las organizaciones de base —las entidades comunitarias más cercanas al territorio y a los pueblos aislados que lo habitan— para que puedan sostener la labor diaria de monitoreo, incidencia política y construcción de relaciones que el reconocimiento formal por sí solo no puede brindar. Las instituciones estatales también necesitan fortalecerse. En Bolivia, la Dirección General de Pueblos Indígenas (DIGEPIO) requiere mayor capacidad para cumplir con su función. Para Adamo, el trabajo que queda por delante exige un esfuerzo doble: construir desde la base a través de las organizaciones comunitarias e impulsar desde afuera hacia adentro a través de las instituciones estatales.